"No me consta la "mano negra" para juzgar se necesitan EVIDENCIAS": Olga Sánchez, rechaza que elementos de la Policía Federal estén ligados a delincuencia



Luego del acuerdo establecido anoche entre elementos de la Policía Federal y Raúl Ávila Ibarra, titular de la División de Fuerzas Federales, en el que participó Benjamín Grajeda Regalado, jefe de la División de la Gendarmería, este viernes o a más tardar mañana sábado deberá solucionarse el conflicto que enfrenta la corporación que rehúsa integrarse a la Guardia Nacional. 

En ese tenor, se acordó que a partir de este viernes iniciaría el registro de los elementos interesados en formar parte de la GN y otras corporaciones, y de quienes solicitarían su liquidación, además de que todo lo prometido por las autoridades quedara por escrito, porque no aceptarían los inconformes propuestas “al aire”, sin un documento que las avalara formalmente. 

Como fuera, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reconoció que hay exámenes para ingresar a la Guardia Nacional y que el mayor problema con algunos elementos de la Policía Federal ha sido el tema médico, toda vez que el personal presenta problemas de obesidad, hipertensión y vista. 

“No es que los descalifiques, es que pueden tener otras alternativas de trabajo como el Sistema de Protección Civil, el propio Instituto Nacional de Migración, en fin no necesariamente dentro de la Guardia Nacional”. 

Más cauta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que el Secretario de Seguridad, Arturo Durazo Montaño, Sánchez Cordero recalcó no conocer “la mano negra” de la que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las protestas de los elementos de la Policía Federal. 

“Yo no puedo decir quién porque no me consta; yo fui juzgadora muchos años y como juzgadora yo no puedo prejuzgar, yo necesito las evidencias y necesito la garantía de audiencia y presunción de inocencia antes de poderme pronunciar”, respondió a los medios de comunicación. 

La encargada de la política interior del país también negó que los elementos inconformes se puedan ligar al crimen organizado, pues dijo que se trata de gente de “primera” que ha estado calificada dentro de la Policía Federal

Reiteró que ante las protestas se privilegiará el diálogo y que si existen reclamos en materia de sus derechos laborales o inconformidades para reclutarse a la Guardia Nacional se escucharán sus peticiones, pues su entrada será optativa y no obligatoria. 

“Era un tema básicamente de sus derechos laborales que se les van a respetar en su totalidad”, subrayó y adelantó que acudirá a las mesas de diálogo cuando sea requerida. 

Negó que la gobernabilidad del país esté en riesgo y agregó que como el presiente lo dijo, habrá libertad para poder manifestarse porque en el presente gobierno “prevalece la manifestación de las ideas”. 

Por lo pronto, ríspido como suele ser, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo dio a conocer que existe una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por las anomalías en la adquisición de un sistema de inteligencia denominado “Rafael” en el año 2015. 

Detalla que la contratación se hizo el 23 de diciembre por más 2,400 millones de pesos, y se detectaron violaciones en el proceso de adquisición, además de que actualmente hay un adeudo de 1,300 millones, y refirió que se habla de un sobreprecio de cuatro veces el valor real y que en breve se presentará la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable
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