Duarte Confirma Soborno a Ex Titular de PGR


La confesión del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa al periodista Alejandro Aguirre en el sentido de que entregó dinero al ex encargado de despacho de la, entonces, Procuraduría General de la República (PGR) Arturo Elías Beltrán para que le quitara el delito de delincuencia organizada y no detuviera a su esposa Karime Macías de Duarte, lejos de librarlo de culpabilidad complicará aún más su caso, ya que de confirmarse estaría incurriendo –junto con el ex funcionario de la desaparecida PGR- en el delito de soborno o cohecho.

Y es que de acuerdo al Código Penal Federal, capítulo X referente al Cohecho, el artículo 22 establece que “el servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y el que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones, comete el delito de cohecho y se le impondrán las siguiente sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días de multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, y en ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. Hace poco el comunicador Omar Sánchez de Tagle dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al ex funcionario peñista por lavado de dinero y defraudación fiscal de 2016 a 2018.

Una de esas investigaciones está relacionada con la esposa de Elías Beltrán, Marcela Kuchle López, dueña del despacho Kuchle y asociados, que en dos años recibió 200 millones de pesos provenientes de despachos de abogados, de exgobernadores investigados, entre ellos Duarte de Ochoa.
En ese tenor, el veracruzano ha dicho a Alejandro Aguirre que negoció con más autoridades mexicanas y fue él quien decidió entregarse en Guatemala a cambio de que dejaran en paz a su familia.

“Una vez privado de mi libertad, negocié y me ofrecieron quitarme el delito de Delincuencia Organizada a cambio de que les diera dinero y aceptara los cargos que fabricaron en mi contra”. Duarte de Ochoa asegura que el ex presidente Enrique Peña Nieto con problemas de conciencia, “me dio dinero y se lo entregamos al entonces encargado de despacho de la PGR Alberto Elías Beltrán como bien se dice ahora en las noticias” (lo que suena a cuento chino ya que con una orden bastaba).
Y con esa desfachatez que le caracteriza dice que por esa negociación es que le quitaron el delito de delincuencia organizada y negoció además una sentencia de siete años, pero que a instancia de Felipe Muñoz, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada y amigo de Miguel Ángel Yunes Linares, le impusieron 9 años, pero que su condena será en realidad de 4 años y medio debido a que es primodelincuente, esto es, se encuentra a un paso de ser liberado, si es que no le amplían el proceso por cohecho.
Por lo pronto Duarte ha confesado al periodista que hace unos días un juez de amparo determinó que “tengo mis derechos para pelear en amparo directo mi procedimiento abreviado. Y a principios de este año, otro juez federal determinó que las pruebas con las que fijaron su sentencia son ilegales, ya que la PGR las obtuvo sin autorización judicial, por lo tanto, no existen pruebas en su contra, “así que, en efecto, ya voy para afuera”.
La pregunta es: se la perdonarán Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Winckler, o esperarán a su liberación para, de inmediato, echarle el guante y traerlo a Pacho Viejo donde, de seguro, solo con el favor de su ex empleado Edel Álvarez Peña, actual Presidente del Poder Judicial del Estado podría alcanzar la libertad, por supuesto, con el visto bueno de otro antiguo amigo, Cuitláhuac García Jiménez. Habrá que esperar los tiempos de la justicia.
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