FOSAS de SanFernando: Una herída abierta


SAN FERNANDO, Tamaulipas.- Ahí todo olía a muerte, pero también a esperanza, extraña mezcla, pero real; mientras en el Servicio Médico Forense se apilaban los cadáveres, al exterior de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en Matamoros, cientos de personas esperaban encontrar entre esos restos a su ser amado, que desapareció sin dejar rastro cuando viajaba por Tamaulipas, específicamente entre San Fernando y la frontera.

Apenas habían pasado unos meses del descubrimiento de la masacre de 72 migrantes centroamericanos y quienes dieron seguimiento a estos hechos pensaban que no podían ver algo peor, cuando el 6 de abril del 2011 a las instalaciones de la PGJT llegó una camioneta Van con 59 cuerpos llenos de tierra y en un avanzado estado de descomposición.
Pero aun faltaba mucho más horror y dolor. Para el 21 de abril, la cifra aumentó a 177 cadáveres encontrados, y unos meses después el saldo trágico llegó a 193, muchos de los cuales nunca lograron ser identificados.

Tras la aparición de los primeros cadáveres en ocho fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, que se había convertido en un referente de muerte, comenzaron a llegar familias enteras que buscaban entre los restos, la esperanza de encontrar a quien un día ya no respondió a sus llamadas, de quien no volvieron a saber pues en su viaje hacia la frontera tamaulipeca fueron confundidos con delincuentes o simplemente pasaron en el momento y el lugar equivocados.

La barbarie y el dolor

Tras el macabro hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos ejecutados en una bodega abandonada por miembros de la delincuencia organizada en San Fernando en el 2010, se iniciaron investigaciones y reportes variados de las autoridades que en prácticamente ninguna ocasión mencionaron la posibilidad de más muertos en estas áreas.

Para marzo del año siguiente la denuncia del representante legal de Omnibus de México ante la PGR alertó a las autoridades sobre los índices de violencia que parecía imparable en las carreteras de Tamaulipas. La denuncia era por el secuestro de casi todos los pasajeros de un autobús que viajaban a la frontera, lo que no era nuevo, pues voces anónimas aseguraban que en la central de autobuses de Reynosa se apilaban las maletas de pasajeros que no acudían a reclamarlas, lo que dicen, se mantenían en secreto.

Fue unos días después de la denuncia, que a Matamoros por la tarde del 6 de abril una camioneta Van se detuvo frente a las instalaciones del Semefo, en ella trasladaban 59 cuerpos localizados en fosas en las que habían trabajado por varias horas.

No habían pasado 24 horas de la noticia cuando en las instalaciones del Semefo se agrupaban más de 25 personas que buscaban desde hacía meses a sus familiares, esposos, hijos, hermanos, primos o sobrinos, hasta amigos entre esos cuerpos localizados en La Joya, Tamaulipas, aunque tendrían que esperar pues los estudios periciales les dijeron tardarían hasta tres días para conocer la identidad de las víctimas.

Personal de la PGJT se dividía entre las oficinas de Servicios Periciales, de la Agencia del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense para darse abasto ante la demanda de las familias que buscaban respuestas.

Las primeras tareas de la autoridad fueron la toma de cientos de fotografías, la ropa -o lo que quedaba de ella- tatuajes, cicatrices y en el caso de algunos los rostros, para que quienes llegaban vieran el material y pudieran reconocer en ellas algo que pudiera identificar sus cuerpos.
Así fue como en apenas unas cuantas horas dos cuerpos fueron identificados por sus familiares y aunque no se dio a conocer sus nombres a los medios de comunicación, en dos féretros fueron trasladados a San Fernando de donde eran originarios.

LA PESADILLA APENAS COMENZABA…

Poco a poco así como llegaban decenas buscando a sus familiares, lo hicieron medios de comunicación nacionales y extranjeros, que nuevamente daban cuenta de la barbarie. Y es que aunque las autoridades mantenían cierta reserva para dar a conocer datos sobre las víctimas, trascendía que muchos de ellos murieron por los golpes que les propinaban con mazos.

Se decía que quienes los secuestraron en su viaje hacia las ciudades fronterizas, obligaban a los más fuertes a golpear a los otros -con la esperanza de salvar la vida- por lo que en muchos de los casos estaban irreconocibles.

Los trabajos en la zona rural de San Fernando no pararon ese fin de semana y el numero de víctimas crecían, así como las familias que llegaban a Matamoros.

Al sexto día un total de 32 cuerpos arribaron a la ciudad de Matamoros custodiados por elementos del Ejercito y de la Marina con lo que sumaron 120 los cadáveres localizados en varias fosas, mientras que de acuerdo a la información proporcionada por el Agente Quinto del Ministerio Público del fuero común, Alfredo Rodriguez se habían recepcionado un total de 120 comparecencias de igual numero de personas que fueron sometidas al examen de ADN para saber si correspondían a su ser querido.

Para ese día, personal de la PGR desde médicos legistas hasta personal de Servicios Periciales, se repartían el trabajo para acelerar las identificaciones.

En todo el ambiente, el olor a muerte se extendía desde el Semefo hasta las colonias aledañas, pasando por supuesto por los estacionamientos de la Procuraduría donde las familias, autoridades, voluntarios y medios de comunicación convivían.

Las autoridades salían apenas unos momentos para firmar los documentos para el traslado de los cuerpos, pero ya no se quitaban la vestimenta blanca, que estaba impregnada al olor de cuerpos en descomposición.

Para entonces el Semefo era insuficiente, los cuerpos esperaban para la necropsia en las cajas de trailer.

De día o de noche, los agentes de periciales entraban y salían de las instalaciones hacia los tractocamiones para buscar más cuerpos.

A la par, persona de personal de Protección Civil y el Sistema DIF Matamoros implementaron un operativo de auxilio para las familias que desde diversos puntos de la República Mexicana llegaron a la ciudad fronteriza para tratar de identificar entre los más de 100 cuerpos localizados en fosas clandestinas en San Fernando a sus seres queridos desaparecidos.

A ellos se les ofrecía agua, alimentación y hospedaje, mientras que en el caso del sistema DIF en sus instalaciones se cuidaba a los menores que traían consigo para evitarles el cansancio en esos trámites que ademas eran dolorosos.

El llanto, la desesperación y el dolor se respiraban en el ambiente, pero también la solidaridad, pues los matamorenses se volcaron a las instalaciones de la Procuraduría en esta ciudad para ofrecer a quienes esperaban alimento caliente, una palabra de aliento, oraciones y hasta compañía.

Lourdes Oviedo fue solo un nombre, que quizá las familias de quienes estaban ya en la morgue no conocieron, pero sí su mano amiga que llevaba alimento junto con otras personas.

“Pues en la mañana les damos café, su pan, un desayuno a los niños, al mediodía su comida, su sopita de fideo, mole, todo lo que traigan y en la tarde también seguimos contando con comida hasta las 10 de la noche”, explicaba a los medios de comunicación que buscaban una historia más agradable, ante tanto dolor.

Las autoridades judiciales informaron que en total se encontraron 193 restos de personas en 47 fosas clandestinas.

Mientras en la Agencia Quinta del Ministerio Publico en Matamoros mas de 600 personas se acercaron para presentar una comparecencia o denuncia con respecto a la desaparición de sus familiares y de la misma forma poder ser sometidos a exámenes de ADN, pues algunos de ellos a pesar de que ya había pasado mucho tiempo de no saber nada de sus seres queridos no lo habían notificado a las autoridades.

La información oficial fluía demasiado lenta en la Procuraduría General de Justicia y tras casi una semana del primer hallazgo, en una caja de thermoking permanecían cuando menos 50 cadáveres en espera de ser trasladados a la ciudad de México, lo que provocaba molestia entre los que esperaban los resultados de sus análisis de ADN para conocer si entre esos restos estaban los de su familiar.

Su destino fueron las instalaciones del Servicio Medico Forense de la PGR, por eso para las familias la molestia crecía, pues algunos tuvieron que esperar varios días para viajar a Matamoros ante la falta de recursos para sus pasajes, por lo que el traslado de los cuerpos pensaban seria un gasto más.


En la Ciudad de México, la mayoría de los cuerpos fueron depositados en el Panteón de Dolores, de donde fueron sacados conforme el ADN daba positivo y las autoridades hacían el esfuerzo por rastrear a sus familiares. Algunos, cuando encontraron, en vez de cuerpos recibieron cenizas. No saben si sus hijos son los que les entregaron.

Ocho años después de la tragedia, muchas de esas familias aún no encuentran consuelo para su dolor.

INVESTIGACIÓN A MEDIAS

La organización norteamericana National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad), a través de la Ley de Libertad de Información de EE.UU. desclasificó archivos que documentan la detención de nueve miembros de un grupo criminal y 17 elementos de las fuerzas policiacas de San Fernando por participar en los asesinatos.

Según material de investigación de masde72.org, 120 cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. La explicación que dieron las autoridades es que las morgues tamaulipecas habían resultado insuficientes. Pero el traslado se hizo con una lógica:“los cuerpos están siendo separados (en grupos) para que la cifra total sea menos obvia y, así, menos alarmante (…) ayuda a restar visibilidad a la tragedia”.
UN COLISEO EN SAN FERNANDO

Se ensañaba contra los migrantes. Y contra cualquier mexicano sospechoso de lo que fuera.

A diario camionetas y patrullas cargadas con personas salían rumbo al ejido El Arenal; regresaban vacías.

Las súplicas de los cautivos pidiendo ayuda se quedaron clavadas en las pesadillas de los habitantes de este pueblo con triste fama a partir de la masacre de los 72 migrantes perpetrada en agosto de 2010.

La mayor movilización de autoridades ocurrió cuando fueron descubiertas las fosas clandestinas en las que habían sido enterradas casi 200 personas, justo en El Arenal. La mayoría de los cadáveres (casi todos correspondían a varones jóvenes) tenía el cráneo destrozado.

Los sicarios al mando no mataban a balazos. El método era más lento, cruel y doloroso: a golpes de marro.

Aunque se han hecho diversas solicitudes de información a la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer detalles sobre los 193 cuerpos, éstas han sido negadas.


De los 120 cuerpos trasladados a la morgue del Distrito Federal sólo tres eran de mujeres.

De esos 120, 91 murieron por traumatismo craneoencefálico, con la cabeza rota por un objeto duro. Sólo en 19 se gastaron balas.

Estas cifras refuerzan una versión macabra que ha sido difundida por unos cuantos sobrevivientes y hasta sicarios: a los hombres que secuestraban en los autobuses, los elegían para ponerlos a pelear entre sí en una especie de Coliseo con martillos, mazos, machetes, para demostrar quienes eran los más fuertes y así pasar a formar parte del cartel.
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