Desde una cárcel española, El Mono Muñoz estaría operando en MX

Juan Manuel Muñoz Luévano, "El Mono Muñoz", dirigía desde una prisión de España una red de robo de hidrocarburos que opera en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, revela una investigación de la PGR y la PF.

La red de quien es señalado como operador financiero de Los Zetas fue detectada desde agosto del año pasado mediante escuchas telefónicas legales y seguimientos encubiertos a presuntos miembros de la organización delictiva, gasolineros, transportistas y funcionarios de Pemex.

Se tuvo acceso al audio de una audiencia judicial celebrada el 25 de julio pasado en el Penal del Altiplano, en la cual fue procesado uno de los supuestos cómplices y liberados dos imputados.

La investigación, de la cual ya derivaron tres detenciones, indica que el robo iniciaba en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Santa Catarina, Nuevo León, mientras que, en una pensión localizada a un kilómetro, el producto se transfería a pipas de la empresa Grupo Baeza para su transporte a gasolineras.

La red tenía apoyo de funcionarios de Pemex, quienes facilitaban facturas falsas para justificar como legal el combustible robado.

El 26 de enero de 2018, la SEIDO interceptó una llamada telefónica entre Israel Alejandro Romero Díaz y Rafael Lozano García.

Romero dijo a Lozano que había hablado con "El Mono Muñoz" y que éste, junto con "uno de los inges" habían autorizado a Lozano ingresar la noche del 28 de enero "dos equipos", uno para extraer legalmente gasolina Premium y otro que sería cargado ilícitamente.

Muñoz había sido detenido el 18 de marzo de 2016 y preso desde entonces en el Centro Penitenciario de Soto del Real, a las afueras de Madrid.

Conforme a la investigación, el grupo utilizaba a la empresa Servicios Especializados Alanís para extraer ilícitamente los combustibles y trasladarlos a la pensión "Máximo", donde hacían el trasvase a pipas de Grupo Baeza.

Esa última compañía era la que suministraba el combustible a gasolineras como Servicios Fuyivara, Comercializadora de Combustible La Cruz y Grupo Cargo Gas, todas ubicadas en Coahuila. La imputación señala que ésta última también compraba combustible robado en Zacatecas.

Para la SEIDO, Karim Ayub Hernández y Rafael Lozano García tenían labores de dirección en este grupo delictivo, y de ellos dependían Romero Díaz, Rolando Lozano, José Antonio Ramírez Cuesta, José Roberto Garza Salazar, José Roberto Hernández Rodríguez y Laura Elena Farías Martínez.

Contaban también con la complicidad de funcionarios de la Subgerencia de Venta Regional Norte de Pemex Transformación Industrial, quienes les facilitaban facturas falsas de compra venta de hidrocarburos para justificar como legal el combustible robado.

Al mismo tiempo, los propios servidores públicos tramitaban los cambios de razón social de diversas gasolineras de Grupo Cargo Gas, para encubrir sus actividades ilícitas y evitar responsabilidades legales.

Desarticulan red de huachicoleros

Luego que las autoridades consignaron la investigación sobre una red de robo de hidrocarburos en el norte del País, la PGR detuvo a tres supuestos colaboradores de la red de Muñoz Luévano "El Mono Muñoz", entre ellos una funcionaria de Pemex, pero dos fueron liberados porque los fiscales no exhibieron unos documentos falsos y unas grabaciones telefónicas intervenidas.
En julio pasado la PGR detuvo a Laura Elena Farías Martínez, ejecutiva de cuenta de Pemex; José Antonio Ramírez Cuesta, ingeniero civil de profesión; y José Roberto Hernández Rodríguez, gestor de compras de combustibles, por una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Según un audio al que se tuvo acceso mediante fuentes judiciales, Enriqueta Velasco Sánchez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano, dejó en libertad a Farías y Hernández porque la PGR no exhibió a sus abogados las grabaciones o transcripciones de las llamadas telefónicas en los que se basa la imputación.

En el caso de Ramírez Cuesta, si bien su defensa tampoco fue enterada de estas pruebas, la juez lo vinculó a proceso por delincuencia organizada porque los informes de vigilancia encubierta lo identifican en un lugar donde se cargaban las pipas con combustible robado.

En específico, la Policía Federal reporta en informes del 15 y 21 de agosto de 2017 que Ramírez supervisó el suministro de combustible robado en la estación de servicio 22911 de la carretera Monterrey-Saltillo y que también cargó una pipa de Grupo Baeza en la pensión "Máximo" de Monterrey, misma que luego abasteció la gasolinera 5757 de Servicio Fuyivara.

Ramírez está preso desde el 25 de julio pasado en el Penal Federal del Altiplano.
En la audiencia de vinculación a proceso, celebrada en esa fecha, la defensa de los acusados, encabezada por Ricardo Sánchez Reyes Retana, Carlos Ríos Peralta y Mariana Sánchez Mireles, reclamó que los fiscales de la SEIDO no le exhibieran los audios o transcripciones de las llamadas intervenidas.

De acuerdo con el audio de la audiencia, el primero de ellos cuestionó que los fiscales tampoco presentaran las facturas de compra apócrifas que la funcionaria de Pemex supuestamente proporcionaba a Hernández para que la organización de "El Mono" justificara la posesión del combustible robado.

"Si hubiéramos tenido transcripciones, tendríamos material suficiente para podernos defender. Con lo que estamos trabajando es con las inferencias y los informes de policías que expresamente tenían prohibido participar en esa técnica de investigación", dijo Sánchez.

Tras evadir en reiteradas ocasiones el cuestionamiento, los fiscales Gabriela Bedoya y Martín Cruz Miranda terminaron por aceptar que no habían incluido dichos materiales en la carpeta de investigación, argumentando que de haberlo hecho hubiesen revelado la identidad de otras personas investigadas.

En su lugar, los fiscales entregaron breves resúmenes de algunas intervenciones telefónicas donde hablan o se mencionan a los imputados. Para la juez, esta omisión de la PGR es una violación al debido proceso y al derecho de defensa.

"No está justificado que se diga que no se entregó información a la defensa de Laura Elena o José Roberto simplemente porque contiene información de otros imputados", dijo la juez Enriqueta Velasco.

"La defensa en todo momento desde que fueron citados o convocados a audiencia inicial, tenían la oportunidad o el derecho de consultar los registros de investigación y además obtener una copia, insisto, porque además se trata de información que se va a utilizar en contra de una persona".

La juez dejó abierta la posibilidad para que la PGR presente los materiales completos y vuelva a presentar la imputación contra Farías y Hernández.
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