Hasta minas antipersonales Claymore que disparan bolas metálicas se han hallado en Tamaulipas

¿Cuál será la herencia de Enrique Peña Nieto cuando el próximo 1 de diciembre deje la presidencia de la República? Si dejamos de lado los escándalos de corrupción, donde la Casa Blanca es emblema y síntesis, o su falta de preparación profesional con cuestionamientos sólidos sobre el plagio en su tesis de licenciatura, o sus dislates semánticos que lo inmortalizaron en foros nacionales e internacionales, lo que queda en materia de seguridad es el desastre institucional del CISEN, la inoperancia y disfuncionalidad de la PGR, el record histórico de asesinatos en 2017, la peligrosa presencia de minas antipersona, el crecimiento de la Policía Militar y las limitaciones jurídicas de la Marina en acciones contra objetivos prioritarios. 

En síntesis, es la fractura en la columna vertebral del Estado.

El dato ilustra lo que Tamaulipas ha sido durante el sexenio y retrata lo que podría significar para el futuro inmediato. El pasado 7 de febrero la octava zona militar con sede en Reynosa dio a conocer a los medios de comunicación el decomiso en varias acciones de un arsenal oculto entre malezas, terrenos baldíos, brechas y caminos de terracería en las inmediaciones del río Bravo. 

En la lista donde se registró el hallazgo de 19 armas largas, dos fusiles Barret calibre .50 y 17 ametralladoras Kalashnikov entre otros pertrechos, aparecieron dos minas antipersona Claymore

Son el tipo de armamento letal que no es usual que aparezca en el país, pese a que existen registros previos de hallazgos en territorio tamaulipeco.

Oficiales de alta graduación del ejército, algunos con entrenamiento en escuelas militares estadounidenses, han alertado de tiempo atrás de la letalidad que podría significar su proliferación entre las bandas de la delincuencia organizada en México, en particular las que tienen preparación paramilitar como en su momento fueron los Zetas. 

Las minas Claymore al explotar disparan una lluvia de bolas metálicas hacia objetivos determinados, su uso táctico es para evitar incursiones en terreno bajo control de uno de los actores beligerantes.

El que aparezca de nuevo como parte de los pertrechos en poder de los grupos delincuenciales que se disputan esta zona de la frontera tamaulipeca, es de preocupar para el futuro inmediato. 

Basta con voltear a ver las heridas físicas que han dejado en miles de víctimas civiles por el conflicto entre grupos paramilitares, guerrillas, bandas armadas de la delincuencia y el ejército durante medio siglo en Colombia.

En el México de fin del sexenio de Enrique Peña Nieto, la reaparición de las minas antipersona pasó de largo en los medios de comunicación del país. 

De los diarios impresos y digitales que reprodujeron el boletín del ejército, ninguno alertó de su peligrosidad ni contextualizó la importancia de no pasar por alto su presencia en manos de la delincuencia organizada.

La perspectiva en materia de seguridad del sexenio que comienza su declive remite al consenso: existe un desastre donde amplias zona del país se encuentran bajo dominio total de bandas armadas de la delincuencia, algunas con preparación paramilitar, y otras incrustadas en diversos niveles de las estructuras de gobierno a nivel municipal y estatal.

Del legado de sangre a la disfunción institucional

Enero fue el mes que confirmó que el año 2017, el quinto de la administración de Peña Nieto, fue el más sangriento en la historia reciente de México con 25 mil 339 asesinatos, cifra que representó 23 por ciento más que en 2016.

De estos hechos de sangre la gran mayoría perpetrados con armas de fuego, ¿Cuántos probables responsables fueron llevados ante un juez, en cuántos la evidencia es tan sólida que la sentencia quedará confirmada en la siguiente instancia?

El desastre de la seguridad abre la puerta a la debacle de la procuración de justicia, quizá el signo fatal por el que también será recordado el sexenio de Peña Nieto. Su administración significó la continuidad de lo que dejó Felipe Calderón Hinojosa al que añadió nuevos ingredientes.

Al desmantelamiento institucional de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio calderonista, le siguió la bancarrota operativa y funcional para convertir esta institución en una mera “oficialía de partes”.

¿Cuántos consignados ha llevado la PGR ante el juez por el caso de los sobornos en Pemex de la empresa brasileña Odebrecht? ¿Cuántas sentencias en firme ha logrado por alguno de los casos de corrupción de gobernadores? ¿Fue mala preparación, pifia o complicidad criminal el que los fiscales de PGR adscritos al juzgado donde se ventila uno de los juicios contra el ex gobernador veracruzano Javier Duarte, hayan mostrado su total ignorancia y falta de soporte legal a las imputaciones?

El pasado miércoles 21 de febrero otro ejemplo de esta “atonía institucional”, este desfase entre las dependencias encargadas de combatir al crimen, quedó exhibido ante un juzgado federal. Mediante un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal informó que la libertad dictada por un juez de distrito a favor de José Alfredo Cárdenas Martínez, sobrino del capo extraditado Osiel Cárdenas Guillén ex jefe del llamado Cartel del Golfo, fue por “violación al debido proceso”.

Más allá de las fanfarrias mediáticas de los medios oficialistas, a los que el gobierno de Peña Nieto ha consentido con millonarias asignaciones de publicidad durante su gobierno, la versión sobre la captura del individuo apodado “el Contador”, de que fue detenido durante una revisión de un vehículo, resultó un montaje.

“La defensa proyectó diversos videos tomados de las cámaras de vigilancia de la casa del imputado, en los cuales se observa a elementos de la Marina arribar al domicilio, desconectar las cámaras de seguridad, ingresar al inmueble y extraer al imputado”. 

En esas imágenes, añadió el CJF, se registró el momento en que los marinos se llevan una camioneta Tahoe que se encontraba estacionada dentro del inmueble, además de que se alcanza a apreciar cuando el acusado viste la misma ropa desde el día que fue detenido.

Quizá en este episodio la responsabilidad no pareció ser tanto de la Marina. En la pifia el papel de la PGR brilla por su ausencia. 

Resalta el nulo papel de la investigación ministerial y el registro de las diligencias judiciales para solicitar órdenes de captura. De nueva cuenta la procuración de justicia como mera “oficialía de partes”.

De poco o nada servirá en lo inmediato que la Policía Militar crezca en presencia en el país, si su papel de disuasión frente al crimen organizado no lo acompaña una institución ministerial sólida, independiente del poder Ejecutivo, y en coordinación con otras fuerzas de seguridad.

Durante el sexenio y en particular con mayor preponderancia a partir del año 2016, la presencia de la Policía Militar en el territorio nacional creció más del 80 por ciento. 

En septiembre pasado el periódico Milenio reportó que durante ese año fueron dos mil 124 policías militares desplegados en cuatro estados del país: Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán. 

En el primer semestre de 2017 fueron poco más de cinco mil incorporados a labores de seguridad pública en siete estados: Sinaloa, Guerrero, Durango, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Michoacán.

Al inicio del sexenio el ejército contaba con siete brigadas de Policía Militar, cada una integrada por tres batallones. Al finalizar el sexenio de Peña Nieto, habrá en el país cinco brigadas más en funciones para sumar 12 en total. 

La primera localizada en el Campo Militar número uno de la ciudad de México; la segunda en la base aérea militar de San Lucía, Estado de México; la tercera en San Miguel de los Jagüeyes, en la misma entidad, en donde se ubican los batallones siete, ocho y nueve que han sido integrados en otro momento de manera orgánica, como en 1999, a la Policía Federal.

La cuarta brigada se localiza en Apodaca, Nuevo León, que al principio del sexenio inauguró sus instalaciones; la quinta en San Miguel de los Jagüeyes; la sexta en Puebla; séptima en el Campo Militar uno de la capital del país. 

En noviembre pasado Peña Nieto inauguró el nuevo cuartel de la onceava brigada de Policía Militar en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y hace unos días entró en operación las instalaciones de la doceava brigada en Irapuato, Guanajuato.

El pasado viernes 23 de febrero el general Jorge Carrillo Oléa, ex subsecretario de gobernación y ex gobernador de Morelos, publicó en su artículo semanal de un diario capitalino, un análisis donde explica cómo durante este sexenio el Centro de Seguridad Nacional (CISEN) terminó por convertirse en una “improvisada organización destinada a fines particulares del poder y a investigar el crimen”. 

Dejando de lado la inteligencia para la seguridad nacional, objetivo para el que fue creado y en la que él participó, en un tendencia que ha se dibujaba desde el inicio del sexenio.

El detonante fue la exhibición pública de un agente del CISEN en labores de espionaje político a Ricardo Anaya, candidato presidencial panista de la coalición “Por México al Frente”, en lo que fue un bochornoso episodio de la caricatura en que se ha convertido el órgano civil responsable de dotar de información de seguridad nacional para la toma de decisiones al jefe de Estado.

“Se espía a los políticos y críticos antagonistas del gobierno y de su aditamento el PRI, a los adversarios en el imaginario de Peña Nieto. 

Es absurdo que se les vigile, fiscalice su privacidad o amedrenten. Que se le siga o se les acompañe por su bien, como quiso justificar en vano el secretario de Gobernación. 

Que se le siga o acompañe son actos de ilegalidad y primitivismo. 

El primitivismo lo exhibe la candidez con que el agente destinado a espiar a Anaya confiesa jubiloso que es responsable de vigilarlo y muestra inconsciente, la falta de respeto por la ley y la ausencia de profesionalismo de él y de su cúpula”, escribió Carrillo Oléa.

El desastre institucional del CISEN, la inoperancia y disfuncionalidad de la PGR, el record histórico de asesinatos, la peligrosa presencia de minas antipersona, el crecimiento de la Policía Militar, las limitaciones jurídicas de la Marina en acciones contra objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, la fractura en la columna vertebral del Estado. Todo suma para el legado de Enrique Peña Nieto.


Fuente.-Juan Velediaz
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