Los Zetas hicieron proyectos de Pemex y vendieron carbón a CFE

Coahuila, fue uno de los estados dominados por el Cártel del Golfo, que en principio formó una alianza con Los Zetas, y usó esta entidad como ruta de tránsito para traficar drogas a los Estados Unidos. Los Zetas llegaron a Coahuila en el 2007 y en el 2010, al separarse del Cártel del Golfo, la región se convirtió en la principal base de operaciones de Los Zetas. Eventualmente, se diseminaron por el estado a las ciudades de Saltillo, Piedras Negras y Ciudad Acuña.

Lo anterior lo señala el informe Control Sobre Todo el Estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas, revisado por Revolución TRESPUNTOCERO, el cual fue realizado por la Clínica de derechos humanos de la Facultad de derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, México.

Dicho documento está sustentado por el estudio y análisis de las declaraciones de testigos en tres juicios federales en los Estados Unidos, los cuales investigan las acciones violentas cometidas entre 2013 y el 2016, por integrantes del cártel de Los Zetas, quienes fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio y Del Rio, Texas por asesinato, conspiración para importar drogas y armas, así como lavado de dinero. 

Además de la violencia cometida por uno de los cárteles más peligrosos y mayormente conocidos en la historia contemporánea del país, también se señala el poder de influencia que mantuvo para tener, incluso, nexos con Pemex.

Con base en el análisis de las declaraciones de los testigos, la Clínica concluyó que gran parte del dinero lavado por Los Zetas se condujo a través del negocio de carreras de caballos y propiedades. Además de esto, también eran dueños de muchos otros negocios, como tiendas, casinos, restaurantes, gimnasios, y autolavados. Estos fueron usados en su mayoría como casas de seguridad (lugares donde drogas, armas y personas secuestrados eran guardados), puntos de encuentro para operaciones de tráfico de droga y dinero, o como parte de sus operaciones de lavado de dinero.

Según los testimonios, uno de los negocios más grandes que utilizaron para el lavado de dinero fue el centro comercial Black City Mall. El centro comercial está ubicado en Piedras Negras y era propiedad de Rodrigo Uribe Tapia, uno de los testigos en el Juicio de San Antonio.

En los testimonios analizados no es claro si todos los restaurantes, bares, y demás negocios en el Black City Mall eran propiedad de ellos o utilizados por Los Zetas. Sin embargo, varios negocios sí fueron parte de las operaciones de Los Zetas, incluyendo La Cantinita y Picalitos (bares/restaurantes). Aunque Los Zetas no hubiesen sido dueños de todas las tiendas en el centro comercial, el edificio en sí fue utilizado para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero.

Muchas otras empresas, incluyendo compañías de renta de vehículos, discotecas, salones, y autolavados en el centro de Piedras Negras, fueron utilizadas para hacer tratos de narcotráfico, como puntos de encuentro para entregas de dinero a la policía y políticos locales, y puntos de cruce para el tráfico de drogas y dinero.

Según las declaraciones del testigo de apellido Hinojosa, además de estos pequeños negocios, Los Zetas, a través de Francisco Colorado Cesa y su compañía, ADT Petroservicios, también llevaron a cabo operaciones de lavado de dinero a una mucha mayor escala.

“Era una compañía para construir carreteras, hacer proyectos de Pemex, perforar, limpiar, y cosas así, cualquier cosa para que Pemex los contratara.” Los testimonios analizados no mencionan hasta qué punto estaban involucrados los funcionarios de Pemex o cuanto sabían del carácter criminal de las operaciones de ADT.

Sin embargo, los testimonios han revelado que ADT Petroservicios fue financiada parcialmente por fondos provenientes, en su mayoría, de las operaciones de narcotráfico del cártel.

Entre 2004 y 2005, Efraín Torres, el segundo miembro Zeta de más alto rango en aquel entonces, le entregó a Colorado Cessa, el acusado en los Juicios de Austin, aproximadamente 6 millones de dólares para que los invirtiera, principalmente, en maquinaria y equipo para ADT Petroservicios, de manera que la compañía pudiera expandirse.Colorado Cessa estaba consciente del hecho que el dinero provenía del narcotráfico.

De acuerdo con Hinojosa, hubo al menos otra ocasión en la que Torres entregó a Colorado Cessa dinero para ADT Petroservicios. Esta empresa es especialmente importante por sus supuestas transacciones con el Estado, particularmente con gobernadores.

Y es que los testigos declararon que Los Zetas pagaron grandes cantidades de dinero a candidatos durante sus campañas para gobernador. Había un entendimiento entre el cártel y los candidatos que si ganaban las elecciones, una vez en el poder, los candidatos usarían su influencia para que se asignaran contratos federales relacionados con proyectos de limpieza de Pemex a ADT Petroservicios. Gracias al financiamiento intensivo de Los Zetas y a los contratos públicos que se le asignaron, ADT Petroservicios creció y se expandió hasta, eventualmente, convertirse en una de las piezas clave para las operaciones de lavado de dinero del cártel.

“[…] Como socios, ellos iban a expandirla y crecer usando contratos públicos. Cuando el candidato ganara la gubernatura, él les daría los proyectos, y entonces, ellos iban a obtener el contrato público del gobierno federal a través de Pemex”.

Además, los testimonios de los juicios analizados destacaron las conexiones entre funcionarios públicos y Los Zetas. Estas conexiones se refieren principalmente a sobornos que Los Zetas pagaron a diversos políticos y otros funcionarios del estado de Coahuila.

Según los testimonios, al parecer Los Zetas realizaron pagos y ofrecieron sobornos a funcionarios locales para obtener control de alguna ciudad en particular. Uribe presenció y participó en varios pagos de sobornos entre el 2006 y el 2011. Los Zetas también realizaron pagos al Presidente Municipal de Piedras Negras y a un regidor local para obtener permisos de construcción.

También se describe el involucramiento de los gobernadores de Coahuila entre el 2005 y el 2012. Atendiendo las fechas citadas y a los nombres específicos que algunos testigos mencionaron, tanto Humberto como Rubén Moreira, el ex gobernador y el actual gobernador de Coahuila, están involucrados con la recepción de estas grandes sumas de dinero.

Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila del 2005 al 2011, y él, supuestamente, recibió múltiples pagos de parte de miembros de Los Zetas durante este periodo. Uribe declaró que dinero fue entregado a Vicente Chaires, el secretario personal de Humberto Moreira, y a Jesús Torres Charles, el Procurador General del estado en ese tiempo, para sobornar al gobernador.

Uribe acompañó personalmente a Danny Menera, en representación de Los Zetas, para entregar dos pagos de 2 millones de dólares en efectivo a cambio del control total sobre el estado de Coahuila.

“Sr. Leachman: ¿A quién se le estaba sobornando en conexión con el gobierno del estado?’

Uribe: ‘Pues, se hizo a través del Sr. Vicente Chaires y Jesús Torres Charles. Y lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al Procurador General del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien era el gobernador de Coahuila en ese entonces.’”

En el 2011, Rubén Moreira, el hermano de Humberto Moreira, se convirtió en el nuevo gobernador de Coahuila. Según el testigo Tavira, Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. Tavira describió una ocasión en la cual Los Zetas entregaron un pago a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero. No solo en el estado de Coahuila existieron estas presuntas conexiones entre Los Zetas y funcionarios públicos.

José Guillermo Herrera Mendoza, un político del estado de Veracruz, fue implicado en el secuestro y extorción de Alfonso del Rayo, un empresario de bienes raíces de Veracruz. Herrera Mendoza era el Subsecretario de Turismo para el estado de Veracruz durante esta conspiración la cual empezó en diciembre del 2010. A principios de diciembre, del Rayo fue secuestrado, privado de su libertad y torturado por Los Zetas durante 9 días.

Los Zetas le exigían que pagara 50 millones de pesos a cambio de su libertad. Sin embargo, del Rayo fue liberado sin pagar el rescate después que Herrera Mendoza intercedió por él ante Carlos Nayen, quien lavaba dinero para Los Zetas. Después de ser liberado, del Rayo fue obligado a comprar un caballo de carreras para regresarle el favor que Nayen le había hecho a Herrera Mendoza.

Los testigos también implicaron a dos gobernadores de Veracruz durante los juicios. Uribe describió una reunión que él tuvo con Lazcano, Cien, Daniel Menera y una contadora en una casa que le pertenecía a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz del 2010 al 2016.182 Según Uribe, Lazcano mató a la contadora después de esta reunión justo en el jardín de esta casa.

En otra ocasión, Efraín Torres, un líder de Los Zetas, le dio 12 millones de dólares a Colorado Cessa para apoyar la campaña electoral de Fidel Herrera para gobernador de Veracruz en el 2004. El objetivo de esta “donación” era congraciarse con el gobernador para que la empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera contratos de PEMEX y obtuviera grandes utilidades.

“Estos contratos fueron otra fuente de ingresos para Los Zetas y les sirvieron también para sus operaciones de lavado de dinero. No era inusual para Los Zetas el pagar cierto porcentaje del valor total de los contratos como soborno al gobierno para obtener dichos contratos”. Según Hinojosa, un contador de Los Zetas, “entre el 10% y el 16% de cada contrato con el gobierno era destinado para pagar sobornos a autoridades estatales”, indica el documento.

Según la declaración de Uribe, no era solo a través de contratos de Pemex que obtuvieron sus ganancias y lavaron dinero. Presuntamente, también se vieron involucrados escuelas, mineras, y el mismo gobierno directamente en actos relacionados con el lavado de dinero, de una u otra manera.

“Sr. Leachman: ‘¿Y algunas de estas incluyen al gobierno y mineras y escuelas? Explícale al jurado como fueron algunas de las actividades de lavado de dinero en las que se involucraron Los Zetas.’

Uribe: ‘Compraban maquinaria, maquinaria que se metía a eso. Allá, ellos hacen la compra porque – ellos tienen la concesión. Tienen que competir por las concesiones. Estaba arreglado para que ellos las obtuvieran directamente a través de Urbano Santos. Y el carbón, digamos, que es para generar electricidad, se vendía directamente a la empresa o proyectos del gobierno.’”

Uribe también declaró que Los Zetas le vendieron carbón directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se les garantizó estos contratos ya que tenían una relación muy cercana con autoridades estatales. Además, según el testimonio de Uribe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México le ayudó a Los Zetas a inventar deudas para reducir la tasa de interés que debían de pagar sobre sus ingresos.

Hinojosa declaró que también funcionarios públicos del estado de Tamaulipas recibieron pagos de Los Zetas para evitar que las autoridades interfirieran con sus actividades ilícitas. Cabe señalar que, en el 2000, Hinojosa trabajó como administrador judicial en la delegación de la Procuraduría General de la República en Miguel Alemán, Tamaulipas.

Esta dependencia estuvo involucrada en la recepción de sobornos y la cooperación con Los Zetas. A cambio de los sobornos, la dependencia le permitía a Los Zetas mover sus drogas sin restricciones a lo largo de toda la zona fronteriza que estaba bajo la jurisdicción de la Procuraduría Federal. También le permitían a los narcotraficantes operar sin impedimentos en el área de Miguel Alemán.

“Fue como a mediados del 2001, cuando ellos [miembros de Los Zetas] nos reunieron a todos los que trabajábamos en agencias de seguridad, funcionarios públicos que tenían que ver con seguridad y procuración de justicia, y como que nos leyeron las reglas. Establecieron las reglas que teníamos que seguir y que no habríamos de interferir con o molestar nada del tráfico o a cualquier otro que ellos nos dijeran que dejáramos en paz, pero que a ellos se les debía dejar trabajar libremente”.
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