Tamaulipas: Descubren DESVÍOS de DINERO en Seguridad

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Auditoría Superior de la Federación dictaminó en auditoría que el anterior gobierno de Tamaulipas no cumplió con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Los tres puntos precisos son: un alto porcentaje de recursos no ejercidos, los bienes que se encuentran sin utilizar y los pagos con recursos federales que se debieron pagar con recursos estatales.

Los servicios de Internet de las Torres de Pánico en Victoria, la compra de vehículos operativos, la adquisición de uniformes y la contratación de planes de comunicación no fueron transparentes y son desvíos cometidos por el gobierno de Tamaulipas, determinó el órgano auditor.

De acuerdo con la auditoría número 15-A-28000-14-1432, el Poder Ejecutivo tamaulipeco ejerció mal 240 millones 695 mil 700 pesos del Fondo en cuestión otorgado en 2015. Del total, se presume la “desaparición” de 26 millones 203 mil 864 pesos, considerado como daño a la Hacienda Pública.

Según el informe, la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general Arturo Gutiérrez; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) son los responsables de la malversación.

En 2015, la Secretaría de Gobernación otorgó 294 millones 865 mil 200 pesos del FASP a Tamaulipas; el 81.6 por ciento del monto total fue auditado.

Al 31 de diciembre de 2015 no había ejercido el 45.9 por ciento de los recursos transferidos, y en abril de 2016 todavía no aplicaba 109 millones 582 mil 100 pesos y 4 millones 719 mil 500 pesos de rendimientos financieros.


“El mayor monto de asignación de recursos fue para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4), con 122 millones 648 mil 500 pesos; en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública recibió menos recursos, con un millón 800 mil pesos”, refiere la auditoría.

El gobierno estatal entregó un plan de estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos del FASP 2015. Con base en éste y los 10 programas establecidos, la ASF revisó la aplicación de los recursos.

En la Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UESC) se comprobó la adquisición, vía adjudicación directa, de vehículos con un valor de 7 millones 607 mil 300 pesos. Los modelos y equipamiento no correspondieron al catálogo del fondo, por lo que es una irregularidad.

El segundo que se analizó fue Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. En este rubro se confirmó la mala aplicación de 5 millones 260 mil 300 pesos para la compra de uniformes para los Internos de los Centros Penitenciarios y Reinserción Social (CEDES). Dicho gasto, afirma la Auditoría, fue injustificado por completo. El dinero mal ejercido representó el 67 por ciento del recurso etiquetados.

Igualmente, los auditores observaron que el gobierno compró “en lo oscurito” inhibidores de señal de espectro radioeléctrico. La partida fue de 9 millones 340 mil 400 pesos, de acuerdo al reporte del 30 de abril de 2016.

Las observaciones más alarmantes se ubicaron en el programa “Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089”. Allí identificó el uso sin justificación de 32 millones 831 mil 600 pesos.

De ese total, 25 millones 95 mil pesos correspondieron a servicio de radiolocalización, 611 mil 900 del servicio de internet instalado en las “torres de pánico” y 7 millones 124 mil 700 pesos de transporte de datos por un periodo de 12 meses de enlaces privados.

Del servicio de comunicación del equipo de videovigilancia, indicó que no se proporcionó ya que las cámaras fueron vandalizadas y no operaron.

Además, la adquisición de los bienes y servicios del servicio de radiolocalización fue mediante adjudicaciones directas que no fueron fundamentadas.

La misma situación anómala se repitió en el contrato de las pólizas de seguro para las cámaras de videovigilancia, por 12 millones 784 mil 500 pesos.

En la compra de cargadores y municiones se ejercieron 4 millones 312 mil 100 pesos y no se comprobó la existencia física y documental de un millón 378 mil 500 pesos de los productos pagados.

En el mismo rubro se adquirieron vehículos, sin licitación pública, por un valor de 40 millones 899 mil 900 pesos. Empero, 3 unidades blindadas no fueron equipadas, ni balizadas y fueron designadas para los traslados de mandos superiores, en lugar de usarse para operaciones de seguridad a la población.

La condición ilegal se repitió en la compra de 16 vehículos tipo pick-up de doble cabina por medio de 4 contratos, se asignaron por concurso a sobre cerrado.
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