Existe CLIMA DE TERROR para activistas en Tamaulipas

Mensajes de odio e intimidatorios y amenazas de muerte contra él y su familia son las secuelas que sufre Raymundo Ramos Vázquez por denunciar casos relacionados con abusos cometidos por soldados y marinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), única organización de su tipo activa en la ciudad fronteriza, Ramos Vázquez está en riesgo permanente desde 2011 por atreverse a representar a víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, y se considera a sí mismo como un ejemplo de lo que puede ocurrir con otros defensores en caso de que se concrete la Ley de Seguridad Interior, que pretende dar poder a las fuerzas federales para asumir tareas de seguridad pública.





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Su caso fue presentado ante Michel Forst, relator especial de la ONU para la situación de defensores de derechos humanos, en su más reciente visita de trabajo a México, quien lanzó una alerta sobre los riesgos que corren los activistas y “la población en general” si se sigue con el proyecto de mantener a los militares en las calles.


En su informe preliminar presentado el miércoles 25 a representantes del Estado mexicano y a la prensa, Forst incluyó el tema como parte de sus preocupaciones sobre el ambiente de violencia generalizada en el país y la utilización de las fuerzas castrenses para combatirla.

“Sin embargo, el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber puesto fin a la violencia”, señala el documento.

En su reporte, Forst se refiere a las denuncias de graves violaciones a derechos humanos recabadas durante su visita, en la que tuvo contacto con 800 activistas, y de las represalias sufridas por quienes encabezan la defensa de familiares y víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.

“Debido a las denuncias de estas violaciones, los defensores de derechos humanos tienen un riesgo más elevado de ser blancos de ataques y agresiones. Quienes denuncian violaciones por parte de las Fuerzas Armadas, de la policía, así como de autoridades investigadoras, se encuentran en un mayor riesgo de represalias”, indica el reporte preliminar.

Agravios de las Fuerzas Armadas

En entrevista con Proceso, Michel Forst considera una “señal preocupante” la pretensión de que las Fuerzas Armadas asuman funciones de policía, pues “la función del Ejército es proteger al país en un estado de emergencia o excepción y ese no es el caso de México. Entonces ¿por qué va a estar el Ejército en las calles controlando a las personas y controlando a los defensores, atacando a los defensores?”

El relator afirma que durante los encuentros con activistas pudo documentar casos en los que hay “implicaciones muy fuertes contra el Ejército y la Marina en ataques contra los defensores” que litigan violaciones graves a derechos humanos, así como contra ambientalistas y defensores del territorio.

Ellos “no sólo son amenazados, sino también ejecutados por parte del Ejército; también tenemos casos en que marinos han sido responsables de ataques, secuestros y detenciones” de los activistas.

Forst, quien en marzo de 2018 entregará el informe definitivo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior incluirá el tema en el reporte final.

Raymundo Ramos Vázquez es uno de los defensores vulnerables de los que habló Forst. El relator conoce bien al presidente del CDHNL, pues desde 2014 solicitó al Estado mexicano medidas de protección para Ramos, quien cuenta además con medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y está integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, medidas que no han sido obstáculo para que sea objeto de ataques que, por lo demás, se mantienen en la impunidad.

Defensor en el caso de las muertes bajo el fuego militar de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, Ramos Vázquez ha documentado por lo menos una docena de desapariciones forzadas y otro tanto de ejecuciones extrajudiciales cometidas por marinos y soldados desplegados en Nuevo Laredo.

La más reciente queja, la ejecución de ocho hombres en el kilómetro 13 de la carretera nacional Nuevo Laredo-Monterrey, ocurrida el 3 de septiembre último y denunciada ante la CNDH con el apoyo de un video que evidencia la participación de soldados del XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército (Proceso 2086) derivó en una feroz embestida contra Ramos Vázquez en redes sociales.

Después de presentada la queja ante la CNDH por los homicidios, Vázquez empezó a ser objeto de mensajes difamatorios y amenazas, por lo que notificó de los hechos al ombudsman nacional y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ramos Vázquez expone a la reportera la más reciente denuncia penal que presentó el 11 de enero en la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) ante las amenazas que ha recibido a través de dos portales de internet que, por su contenido, dice, podrían estar siendo operados y administrados por personal castrense de Nuevo Laredo.

El activista sostiene que para documentar su querella decidió explorar en las páginas de internet Nuevo Laredo frontera al rojo vivo y Nuevo Laredo en vivo noticias, utilizadas para atacarlo.

“A partir de que se hacen públicas las amenazas, buscamos algunos perfiles que aparecen en redes sociales, en particular en Facebook; aparecen algunos nombres, que no sabemos si sean los verdaderos, y algunas imágenes de personas que regularmente lanzan amenazas hacia mi persona.

“Esas personas visten con uniformes del Ejército, de la Marina o de la Policía Federal, su lenguaje es muy similar al que utiliza el personal militar, y el odio que están externando está enfocado al trabajo que hemos desempeñado como defensores, en el caso particular de los ocho hombres ejecutados en el kilómetro 13 de la carretera nacional.”

En las copias de las comunicaciones de esas páginas hay menciones de que los defensores de derechos humanos en Nuevo Laredo reciben dinero “para desprestigiar al ejército y marinos”; se refieren a Ramos como “activista de Los Zetas”; acerca de la documentación de las ejecuciones extrajudiciales de ocho personas, realizada por la CNDH y el presidente del CDHNL, se lanzan comentarios de que es un trabajo “en apoyo a los malandros”, en tanto que a los miembros de las Fuerzas Armadas se les enaltece con palabras como “ánimo soldados y marinos, los lacras seguirán muriendo y los piches derechos humanos les seguirán los pasos si siguen jodiendo”.

En la querella presentada, Ramos Vázquez integró fotografías tomadas de tres perfiles de Facebook de quienes dicen llamarse Genaro Mendoza Hernández, Carlos Hernández Escobar, Axel Alejadre Y Carlos Martínez Cantú.

“Es probable que los nombres sean falsos; por eso estoy pidiendo que se investigue a fondo, porque hasta ahora el departamento de recursos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado a la CNDH que esos nombres no corresponden a miembros de sus filas, pero no revisaron las imágenes, además de que de forma sistemática la Sedena suele rechazar cualquier señalamiento en contra de su personal”, apunta el defensor.

De acuerdo con las imágenes, dichos personajes tienen corte de cabello tipo militar, placas de identificación de las que suelen utilizar los soldados, visten uniforme de camuflaje militar o de la Policía Federal y uno de ellos sostiene un fusil de uso exclusivo del Ejército.

Otros indicios que apuntalan la hipótesis de Ramos Vázquez están en al menos una de las páginas de internet, Nuevo Laredo frontera al rojo vivo, cuyos administradores incluyen en la información del portal “el número de emergencia 066, que ahora es el 911, manejan los teléfonos del cuartel militar y los teléfonos de seguridad pública, y la seguridad pública de Tamaulipas está en manos de las fuerzas federales”.

Más aún, el domicilio donde estaría ubicado físicamente el blog “corresponde al C4, que es operado por militares. Entonces, si visten como militares, hablan como militares y se sienten afectados por los asuntos que nosotros hemos presentado por hechos atribuidos a la Sedena, es muy probable que sean militares”.

Cuenta que días después de que presentó la denuncia en la PGR, “cesaron todo tipo de publicaciones y eso confirma que personal militar de Sedena está involucrado; si fueran personas civiles o a título personal seguirían haciendo las publicaciones. Esas personas no sabrían que yo los demandé, pero Sedena sí sabe”.

Abunda que tras cuatro meses de ataques continuos en los portales mencionados, aquellos cesaron días después de la reunión de evaluación que cada viernes llevan a cabo los representantes de las instituciones de seguridad pública en Nuevo Laredo en las instalaciones militares.

“Es muy probable que en la reunión siguiente a la fecha en que puse mi denuncia el subdelegado René Herrera Jaramillo haya dicho que tenía una querella en contra de miembros de la Sedena. Hasta les pudo haber dado copia y eso hizo que se frenaran las publicaciones”, considera el activista.

“Ánimo de no investigar”

Pese a que los elementos referidos, según Ramos Vázquez, justificarían la intervención de autoridades federales en la indagatoria, el miércoles 25 se enteró de que la PGR determinó remitir el caso a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, lo que confirmaría que la dependencia encabezada por Raúl Cervantes “no quiere investigar al Ejército”.

Refiere que desde que llevó el documento de querella a la subdelegación de la PGR, el responsable de esa oficina, Herrera Jaramillo, “no quería aceptarla”, y lo hizo hasta que Ramos Vázquez le advirtió que presentaría una queja contra él en la CNDH y una denuncia en la Visitaduría de la PGR.

“El licenciado Herrera me dijo que entonces la recibiría pero no iba a investigar. Sin leer el documento me dijo que no era su competencia, que enviaría la querella a la Ciudad de México para que allá decidieran, y resulta que desde el 13 de enero decidieron turnar el caso a la procuraduría local”, narra el defensor.

Para Ramos Vázquez la respuesta de botepronto que le dio el subdelegado Herrera “habla del ánimo de no investigar, de la intención de seguir protegiendo al Ejército y la Marina y sus fechorías, y también habla de un criterio institucional”.

Apunta que la prueba más clara de la negativa de la delegación de la PGR a investigar denuncias por abusos graves cometidos por fuerzas federales es que desde 2011 están abiertas “105 averiguaciones o carpetas de investigación por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en las que están involucrados miembros de la Marina, Sedena y Policía Federal, y no hay un solo consignado ante un juez. Son casos que ocurrieron Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico. En Tamaulipas la PGR no funciona, y en mi caso, además no quieren investigar”.

No es la primera vez que Ramos Vázquez advierte que por su trabajo es blanco de amenazas graves.

En el Acuerdo de Incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de septiembre de 2013 se narra que por representar a familiares de seis desaparecidos –estas desapariciones, perpetradas en 2011, son atribuidas a miembros de la Marina– “fue víctima de un intento de secuestro”.

El activista dice que en 2013 una persona detenida irregularmente por marinos le comentó que durante un sobrevuelo en helicóptero por la colonia donde están las oficinas del CDHNL los aprehensores le dijeron: “Ahí está el pinche Raymundito. Dile que a él también lo vamos a desaparecer”.

En mayo de 2014 un centenar de marinos intentaron allanar las oficinas del CDHNL. Por esos hechos el relator Michel Forst pidió una acción urgente al Estado mexicano y medidas de protección para Ramos.

Ramos Vázquez responsabiliza de su integridad, la de su familia y de sus colaboradores a la Sedena y a la Marina, y apunta que su caso es un ejemplo claro de que dejar la seguridad pública a merced de las Fuerzas Armadas es un riesgo para la población en general.

Señala que diversas organizaciones se han reunido con legisladores federales para informarles de los convenios internacionales que se contraponen al proyecto de Ley de Seguridad Interior. En los hechos, dice, “nuestro sistema de justicia no es confiable ni independiente” para atender posibles abusos.

Agrega: “Si en tareas de investigación o de contención a la delincuencia, como le llaman ellos, elementos de las Fuerzas Armadas cometen delitos, no va a haber quién los juzgue, no va a haber ni la imparcialidad ni el valor ni la voluntad política para que sean sancionados”.

Para los defensores de derechos humanos, dar atribuciones a las Fuerzas Armadas más allá de lo permitido en la Constitución “nos dejaría en sus manos. Si ahora nos amenazan, nos infiltran, nos agreden, con todo el poder seguramente van a querer silenciarnos de una manera o de otra”, advierte Raymundo Ramos.
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