Tamaulipas, el estado que "lleva el narco en la sangre"


Tamaulipas es uno de los estados emblemáticos en materia de narcotráfico. Cuna del cártel del Golfo y de Los Zetas que han sometido desde 1989 gobiernos estatales y municipales, procuradores y cuerpos policiacos. En algunos casos ese sometimiento fue voluntario, pues muchos funcionarios y policías decidieron por conveniencia hacerse socios de los múltiples y rentables negocios del narcotráfico, los secuestros, extorsiones, robo de hidrocarburos y trafico de indocumentados.

Pocas sociedades como la tamaulipeca han padecido extorsiones tan violentas como las practicadas por Los Zetas —que se convirtieron en una de las organizaciones más sanguinarias y depredadoras— que, en vez de exigir una cuota fija, se apropian de un porcentaje elevado de las utilidades (amenazan a los contadores para conocer las declaraciones fiscales de las empresas), e incluso han obligado a muchos empresarios a transferirles la propiedad de sus negocios, utilizando la complicidad de notarías.

A diferencia de otras entidades —como Chihuahua o Nuevo León— que han sufrido tal nivel de presencia, violencia y penetración del crimen organizado, las autoridades de Tamaulipas, como las de muchos otros estados, han sido omisas desde siempre, en fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Esa ausencia de voluntad política para acabar con la colusión de policías, ministerios públicos y funcionarios, y poder así reconstruir desde sus cimientos las instituciones de seguridad y justicia, ha impedido que los múltiples operativos federales tengan la eficacia que mostraron en otros estados.

El resultado ha sido una sociedad devastada y sometida, por el poder de las organizaciones criminales, a un largo, doloroso y trágico proceso de expolio, que dura ya más de dos décadas. Es la misma historia, con rasgos mucho más severos, de otras entidades del país. Se trata, por tanto, de un mal originado, entre otros factores, por la enorme debilidad del Estado mexicano —más allá de colores partidistas— que le facilitó a las organizaciones del narcotráfico crecer y empoderarse durante décadas.

Es la doble tragedia moderna de México, particularmente dolorosa para los tamaulipecos: la de la violencia criminal y la de un Estado débil (y cómplice en algunas de sus instituciones) e incapaz de garantizar seguridad a sus ciudadanos. Es un problema que rebasa partidos, gobiernos y sexenios, cuya solución requiere del compromiso más serio del Estado íntegro (tres poderes de la Unión y tres órdenes de gobierno) y de la sociedad entera.

Politizar y partidizar el tema no solo revela ignorancia, sino que expresa una actitud mezquina y contraproducente que impide la acción eficaz del Estado contra el crimen organizado. La acusación hace 1 año de Manlio Fabio Beltrones de que tres alcaldes y el entonces candidato panista están aliados al crimen organizado —hasta el momento sin pruebas y con indicios fabricados burdamente— es un claro ejemplo de lo anterior. 

Sorprende de un político experimentado y ex líder del partido que habìa gobernado Tamaulipas todo el tiempo del dominio narco de esa entidad, que haya cometido tal error. Utilizar al narcotráfico como arma de campaña es irresponsable y contraproducente (quien esté limpio de culpa que arroje la primera piedra).

La única manera seria de abordar el tema, por el bien de los tamaulipecos, es un acuerdo de todos los partidos —sin importar quien tenga el poder— para definir y aplicar una estrategia de Estado que garantice la seguridad de los ciudadanos.
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