martes, mayo 10, 2016

Tamaulipas: LIBERAN a Militares del 19 Regimiento de Reynosa

Tras permanecer 11 días concentrados en las instalaciones del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, los nueve militares pertenecientes al 19 Regimiento de Caballería (RCM) con base en Reynosa, Tamaulipas, fueron liberados y enviados a su unidad luego de superar exhaustivos interrogatorios y pruebas de control de confianza.

Un mayor, tres capitanes, dos tenientes y sargentos del 19 RCM fueron enviados la mañana del 29 de abril a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ser sometidos a exámenes de control confianza que en principio, les dijeron, serían parte de un curso de derechos humanos y de otras actividades relacionadas con la materia.

Ese día y de manera por demás inusual, el resto del regimiento fue concentrado en el patio de sus propias instalaciones para ser desarmado y despojado de sus teléfonos celulares, porque los iban a llevar a un curso de derechos humanos en otro sitio que no les mencionaron.

Varios agentes del Ministerio Público Militar vestidos de civil, enviados por la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), coordinaron el traslado.
Separaron, además, al Capitán Carlos Alberto Pérez Pérez y a otros jefes. Su destino era otro. Los esperaba un avión militar porque su curso de derechos humanos no lo tomarían con el resto de su tropa, sino en alguna barraca de la Brigada de Transportes, en la Puerta 4 de la Sedena, en la Ciudad de México.

Eran las horas previas a la salida de muchos de los 420 elementos del regimiento, la mayoría con planes y sorpresas para disfrutar el Día del Niño, con sus hijos. Por eso la versión de que se los llevaban corrió tan rápido en las puertas de la unidad.

Para cubrir la ausencia del personal del 19 RCM, la Sedena ordenó que el 55 Batallón de Infantería, con sede en Quinta Roo, se trasladara a Reynosa para actuar en tanto se efectuaba el supuesto curso de derechos humanos surgido de manera imprevista en las horas previas.

El personal del 55 BI llegó al mismo tiempo en que los dragones del 19 RCM entregaban armas, fornituras y celulares a los agentes de la procuraduría militar. En el patio, cayendo la tarde, todo era confusión y muchas dudas. Personal de esa y de otras unidades, de otras armas y servicios, sabía que los cursos de derechos humanos se anuncian y se convoca a ellos con anticipación, no así, de la nada, sin firmar papeles, oficios de salida para que conste en el record de la unidad y en el expediente de cada soldado su participación.

Ahora no. Ni aviso ni papeleo y mucho menos el lugar al que irían a capacitarse. Ni a sus esposas y familia pudieron avisarles lo que ocurría directamente.

Pero como la salida les tomó varias horas, hubo tiempo para que la gente de afuera se enterara y avisara que varios camiones venían por ellos, que los estaban juntando, que les habían quitado radios, armas y celulares, que no los dejaban acercarse a la guardia de permanencia para avisar que se los llevaban a quién sabe dónde.

Ya había mujeres a las puertas del regimiento porque varios soldados no saldrían francos; estaban arrestados o tenían orden de quedarse. Ellas vieron casi todo. Alcanzaron a medio grabar con sus teléfonos la salida de los camiones del batallón de transportes, el convoy con víveres en las bancas y soldados en el piso.

Desde el interior se alcanzaron a tomar dos o tres fotos, discretas, de la concentración en el patio del regimiento y fueron pasadas a las mujeres.

Las siguientes versiones encendieron más a los familiares y amigos de la tropa del 19; se los llevaban no a un curso de derechos humanos, sino a una especie de detención porque alguien los acusaba de figurar en una lista de nómina del Cártel del Golfo (CDG) y de pasarle datos sensibles a esa organización sobre los operativos en su contra.

Dos semanas antes de la salida al curso de derechos humanos, tropas del ejército y de la marina tuvieron enfrentamientos con gente del CDG en varios puntos de Reynosa y Matamoros. Las redes sociales, especialmente YouTube, dieron cuenta de algunos tiroteos a la luz del día.

Una versión indicaba que en uno de los enfrentamientos la Marina encontró documentos y una lista que supuestamente tenía los nombres de militares vinculados de alguna forma con el CDG. Con recelo, la información fue compartida.

Con los datos en la mano, el mando regional informó al alto mando la situación que aparentemente privaba en un regimiento que el mismo titular de la Sedena había visitado justo dos años antes para verificar que todo estuviera en orden. El general Cienfuegos revisó entonces al personal, a los mandos e instalaciones del 18 RCM y del 77 Batallón de Infantería en Tampico, Tamaulipas. Son novedad mi general secretario, le dijeron los mandos de esas unidades en 2014.

Dos años después, Cienfuegos esperaba no encontrarse con un panorama de corrupción entre los jefes y la tropa como le sucedió en 2002 al entonces secretario de la Defensa Nacional Clemente Vega García, quien se vio obligado a reubicar y luego a disolver al 65 Batallón de Infantería que operaba en Guamúchil, Sinaloa, porque varios soldados bajaban de la sierra con dinero en sus uniformes y con fuertes rastros de cannabidol en la piel y en el cabello.

El 65 BI operaba bajo las órdenes del coronel Norberto Cortés Rodríguez, destruyendo plantíos de mariguana y pistas clandestinas de aterrizaje en una zona controlada por los hermanos Beltrán Leyva. El detalle era precisamente ese, destruir sembradíos sin afectar los de los Beltrán.

En el pliego de consignación y en casi todas las declaraciones ante el Ministerio Público Militar, los soldados y oficiales relataban la manera que las gente de los Beltrán Leyva lo controlaba todo: desde tiendas de celulares y equipos de radiocomunicación, hasta distribuidoras de autos, negocios de renta de avionetas, pistas de go karts, comercializadoras de productos agrícolas y salas de belleza, hasta llegar a coroneles y generales.

El general Vega García admitió en su momento que 48 militares de varios grados estaban involucrados en actos de corrupción que consistían básicamente en destruir solo ciertas áreas sembradas con mariguana, evitando acercarse a los plantíos que controlaban los hermanos Beltrán Leyva.

Al final, solo se procedió penalmente contra 10 militares por nexos comprobados con el narco. Los demás fueron procesados por dar positivo al consumo de drogas. El 65 BI fue disuelto en 2002 y reconfigurado años después. En 2015, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Coalcoman, Estado de México, las instalaciones del otroranarcobatallón de infantería de Guamúchil.

Hace catorce años, en Sinaloa, la previa fue casi la misma: al término de una campaña de destrucción de plantíos en la sierra, más de 300 integrantes del 65 BI fueron desarmados y concentrados en el patio de maniobras de su unidad.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con el 19 RCM, la Comisión Nacional delos Derechos Humanos (CNDH), estuvo presente en los interrogatorios y certificó que la investigación se llevara sin violar las garantías de la tropa. En esta ocasión a los miembros del 19 RCM se les dijo que iban a un curso de derechos humanos.

La misma historia les contó el teniente Chagoya a las esposas de los dragones del 19 RCM un día después del inusitado curso de derechos humanos. El general Saúl Luna Jaimes, Jefe del Estado Mayor de la 8ª Zona Militar con sede en Reynosa hizo lo propio con los reporteros locales, a quienes convenció de que el19 RCM salía a un curso de derechos humanos, de que no se trataba de un arresto o algo parecido. La prensa no hizo mayores cuestionamientos.

La tarde del 29 de abril, más de 350 integrantes del 19 RCM fueron trasladados a las instalaciones del centro de adiestramiento militar ubicado en Nuevo Amanecer, municipio de Aldama, en Tamaulipas. En tanto, para evitar incursiones curiosos en ese sitio, mandos del regimiento en Reynosa dejaron correr la versión de que se los habían llevado al cuartel del 18 RCM en San Fernando, Tamaulipas.

Mientras la tropa y algunos oficiales eran interrogados y sometidos la polígrafo en Aldama, nueve jefes que habían sido trasladados al Distrito Federal pasaban por la misma situación durante una semana.

En las instalaciones del Batallón de Transportes de la Sedena, en Lomas de Sotelo, el Mayor Carlos Alberto Pérez Pérez y los Tenientes Rubén Sánchez Fonz y Heriberto Barba de la Rosa, contestaban una y otra vez las preguntas de una batería diseñada para averiguar dos asuntos fundamentales: saber si habían recibido dinero de alguna organización criminal y saber si en algún momento le habían pasado información sensible, confidencial, a algún cártel del narcotráfico.

Sus respuestas en todos los casos, fueron negativas.

Lo mismo sucedió con los militares del 19 RCM Enrique Olvera Pérez, Anastasio Mondragón Murillo, Alfredo González Sepúlveda, Carmelo Sánchez Zúñiga, Roberto Yáñez Carrera y Oscar Aguilar Rodríguez, a quienes se les trasladó a la Ciudad de México para someterlos a pruebas de control de confianza y al mismo tiempo a otras baterías que contaron como curso de capacitación.

Sin haberles hallado algo que los involucrara con el crimen organizado, los nueve militares del 19 Regimiento de Caballería Motorizado de Reynosa, Tamaulipas, recibieron la noticia de que este martes se reincorporarán a su unidad.

Serán llevados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para integrase durante la jornada a su regimiento tras haber cumplido con un curso de actualización, que consistió básicamente en prolongados interrogatorios con polígrafo y otras pruebas de control de confianza en el marco de un curso de actualización en derechos humanos.
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