sábado, abril 23, 2016

Migración SECUESTRABA ilegales para Los Zetas; Interceptaban autobuses en Tamaulipas

Ciudad de México.- El gobierno federal ocultó que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron detenidos por sus relaciones con el crimen organizado, cuando Cecilia Romero y Salvador Beltrán del Río encabezaban ese organismo en el sexenio pasado.

Durante la investigación por las masacres en San Fernando, Tamaulipas, la PGR descubrió que había agentes involucrados en el secuestro y entrega de migrantes al crimen organizado.

El 4 de abril de 2011 personas que se identificaron como agentes del INM interceptaron un autobús en Altamira, Tamaulipas, y bajaron a los salvadoreños Gingli Esaú Ortiz Melgar y Douglas Coronado Flores Guevara.

Según informes consultados por Reforma, el 11 de abril de 2011, efectivos del Ejército rescataron a los tres centroamericanos y detuvieron en flagrancia a los plagiarios Juan Carlos Segura Rivera y Marcos Alvarado Domínguez, en Tampico.

PAGO DE RESCATES

El 19 de abril de ese año la Policía Federal detuvo a Mónica Moctezuma, quien confesó que un tal Víctor Reséndiz ‘‘El Peludo’’ o ‘‘Papá Pitufo’’, la había enviado a sucursales de Elektra, Soriana y Walmart para retirar 13 depósitos con los que se pagaron rescates de migrantes.

Moctezuma reconoció al detenido Juan Carlos Segura y a un agente de Migración, lo que ocasionó que el mismo día fueran detenidos José Luis Jiménez Avendaño, Ramón Iván Gloria, Roberto Hernández González, José Manuel Sánchez, Moisés Pérez y Vicente Alberto Rosas, elementos del instituto que depende de la Secretaría de Gobernación.

Todos fueron detenidos y sometidos a proceso porque las víctimas lograron identificarlos, pero el gobierno nunca lo mencionó en las comunicaciones oficiales sobre el caso.

También se desconoce si continuó con una línea de investigación que involucraba a más trabajadores de Migración.

Reforma tuvo acceso a un documento sobre el caso donde se menciona la participación de los agentes migratorios en estos sucesos.

Conforme a documentos internos de la PGR por el caso San Fernando, se giraron 85 órdenes de aprehensión contra miembros y cómplices de Los Zetas y del Cártel del Golfo, policías municipales y agentes migratorios.

1,200 dólares o ejecución

Uno de los involucrados en las masacres de San Fernando confesó a la PGR que cada vez que secuestraban a un migrante, pedían mil 200 dólares de rescate a sus familiares y que, de no pagar, ordenaban ejecutarlos.

Édgar René Méndez Acosta, ‘‘El Barba’’, jefe de un grupo de Los Zetas en ese municipio de Tamaulipas, relató a la SEIDO que los migrantes secuestrados eran llevados a un punto llamado ‘‘Meche’’ para solicitar a sus familiares el rescate.

Quien coordinaba las extorsiones en San Fernando era un sujeto identificado como el ‘‘Comandante Leo’’, quien ordenaba liberar a las víctimas tras el pago del rescate o, en caso contrario, su ejecución.
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